Según una sentencia de 30 de septiembre de 2025 (Crim. 30 de noviembre de 2025, n.º 24-85.225), la máxima instancia penal francesa autorizo a los investigadores a acceder a las comunicaciones con su abogado que se hayan realizado en el marco de una auditoría.
Cabe recordar que el secreto profesional del abogado francés se aplica cuando la persona que solicita asesoramiento espera ser procesada en breve o, sabiendo que ha cometido un delito, prepara su defensa.
No obstante, se precisa que las consultas para garantizar una situación jurídica con la ayuda de un abogado francés no confieren un carácter absoluto al secreto de una consulta.
Esto significa que estos documentos no están protegidos por el secreto profesional del abogado francés.
La diferencia es sutil y el caso concreto al que se refiere la sentencia habría llevado más bien a considerar que el secreto profesional del abogado debía aplicarse, en lugar de descartarlo.
De hecho, se ha considerado que:
«la simple voluntad del cliente de asegurar una situación jurídica con la ayuda de un abogado no confiere carácter absoluto al secreto de una consulta y, aplicando este análisis a la consulta del abogado en cuestión, se observa que su objetivo era identificar los riesgos que pueden presentar dos contratos en curso y proponer la estructura contractual más adecuada, que si se mencionan los riesgos de litigios comerciales, financieros, civiles y penales, es únicamente para descartarlos mediante las recomendaciones formuladas, y que se han recordado diversos litigios solo a título informativo, en apoyo de la fundamentación de dichas recomendaciones, sin ninguna relación con la articulación de una defensa.
(...) [los jueces del tribunal] justificaron [su] decisión de analizar la consulta al abogado y la nota de honorarios incautados por no considerarlos parte del ejercicio del derecho de defensa, ya que no se trataba de documentos relativos a un procedimiento judicial o a un procedimiento cuyo objeto fuera la imposición de una sanción».
Cabe señalar que las notas de honorarios también fueron incautadas en este caso y que su redacción (en particular, la naturaleza de los servicios prestados o las diligencias realizadas) también puede arrojar luz a los investigadores y constituir así un elemento de cargo contra el cliente.
En los últimos años, la jurisprudencia francesa no ha dejado de reducir el alcance del secreto profesional de los abogados, considerando que solo son inaprehensibles los intercambios relacionados con «el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa», es decir, los establecidos con vistas a un proceso penal previsto o en curso, o destinados a preparar la defensa de una infracción reconocida.
Por lo tanto, sus documentos estratégicos, sus auditorías de conformidad y sus reflexiones jurídicas internas pueden ahora ser leídos, incautados y utilizados en el marco de una investigación.
Según nuestra opinión, esta jurisprudencia rompe con las normas europeas, que garantizan la confidencialidad de toda consulta jurídica, ya sea de asesoramiento o de defensa.
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